Resumen ejecutivo
- Casi 3 de cada 4 argentinos y argentinas considera necesario aumentar las penas contra la inseguridad.
- Una mayoría de los encuestados piensa que las libertades individuales son un límite para combatir el narcotráfico.
- 8 de cada 10 personas rechaza la libre portación de armas en la Argentina.
- 2 de cada 3 consultados se ubican en posiciones más punitivistas frente al crimen.
Introducción
El consenso en torno a qué Estado quiere la sociedad argentina también implica un consenso sobre cómo resolver los conflictos, qué niveles de intervención y qué grados de coacción se utilizan para resolver las tensiones del orden público. Qué Estado queremos implica discutir la cantidad de fuerza física que le permitimos aplicar para resolver el conflicto entre individuos y entre distintos grupos sociales.
En los últimos dos años el tema tuvo una notable presencia en la agenda, al punto que se ha discutido la libre portación de armas o la utilización de las Fuerzas Armadas para preservar la seguridad interior. A propósito del debate generado en la agenda electoral, nos resulta interesante analizar las percepciones sociales respecto de cuál debe ser el rol del Estado frente al orden público.
Para indagar sobre estos temas, en nuestra encuesta nacional de Creencias Sociales preguntamos qué piensan los argentinos y argentinas sobre una variedad de aspectos relacionados al orden público, la seguridad y el poder de la policía asignado al Estado nacional.
¿La policía (no) debe tener más poder? ¿Hay consenso social para aumentar las penas? ¿Los militares deberían intervenir en el combate al narcotráfico? La libre portación de armas, ¿es una demanda social o todo lo contrario? ¿Qué pensamos sobre la pena de muerte y sobre la baja de la edad de imputabilidad hasta los 14 años? ¿Somos más punitivistas o más garantistas como sociedad?
La demanda por reformas: aumento de penas y baja de edad de imputabilidad.
La discusión en torno al orden público y la seguridad ocupa un rol predominante en la sociedad argentina durante el siglo XXI. Si bien es un tema que comenzó a emerger en las preocupaciones públicas a fines de los 90, fue luego de la crisis de 2001 donde el tema adquirió una primacía clara en la agenda pública, desplazando paulatinamente a los temas económicos. Las preferencias de los ciudadanos en este ámbito reflejan posturas complejas, en las que se entrelazan las posiciones frente a la seguridad personal, los derechos civiles, las fuerzas de seguridad y el combate al narcotráfico.
Al respecto, existe un amplio consenso social en la demanda por aumentar las penas contra los delitos. Más de un 70% de los consultados dice estar “muy” y “bastante de acuerdo” con este reclamo. El 85% de los simpatizantes de La Libertad Avanza, el 83% de los de Juntos por el Cambio y el 51% de los del Peronismo coinciden en esta mirada. Este último segmento muestra cierta división interna, dado que el 46% lo rechaza.
En paralelo, encontramos una demanda por uno de los puntos más sensibles en la agenda pública actual y que está ganando terreno en la sociedad argentina: la baja de la imputabilidad hasta los 14 años. Un 69% de los encuestados manifiesta estar “muy de acuerdo” o “bastante de acuerdo”. Estos niveles de apoyo se encuentran sólidos en todos los rangos de edad, al igual que entre los distintos niveles educativos. No hay muchas diferencias por acá.
Pero sí aparecen en términos de identidad partidaria. Quienes se identifican como seguidores de La Libertad Avanza apoyan la medida en un 87%. Un valor similar muestran los simpatizantes de Juntos por el Cambio, con un 83% de acuerdo con un cambio en el status quo penal actual. En cambio, los peronistas lo rechazan con un 57% de desacuerdo y tan solo el 42% de acuerdo.
Finalmente, este año incorporamos por primera vez en nuestro cuestionario una pregunta sobre la consideración respecto de la pena de muerte. Un 61% se manifestó en contra de instaurarla como posibilidad en algunos delitos, con amplio rechazo social en todas las franjas etarias, en casi todos los niveles educativos, y entre simpatizantes del peronismo y de Juntos por el Cambio. Los únicos dos segmentos que aparecen divididos en proporciones similares son aquellos que tienen educación primaria (52% de rechazo, 47% de apoyo) y entre los simpatizantes de La Libertad Avanza (54% de rechazo, 46% de apoyo).
Fuerzas de seguridad, derechos individuales y, ¿libre portación de armas?
En lo que respecta a las fuerzas del orden público hay visiones encontradas. Al consultar sobre la necesidad de reforzar y aumentar el poder de la policía para lucha contra el delito, un 72% de toda la muestra respondió afirmativamente, frente a un 23% que lo rechaza y un 5% que respondió no sabe/no contesta. Estos valores son similares a los reportados en la encuesta del año pasado.
Y es, además del mencionado anteriormente, uno de los pocos puntos donde existe algún atisbo de acuerdo entre los tres espacios políticos mayoritarios. El 91% de los identificados con La Libertad Avanza y el 86% de los cercanos a Juntos por el Cambio coincide con la afirmación. Entre los peronistas, el 48% también lo apoya, frente al 42% que lo rechaza. Al respecto, si bien en este último segmento hay una mayor división al interior, la respuesta privilegiada parece ir en línea con la demanda ciudadana en general.
En cambio, en cuanto a la intervención de los militares en el combate al narcotráfico la foto es distinta por dos razones. En primer lugar, hay una leve caída respecto de lo que relevamos en 2023. Mientras que el año pasado el grado de acuerdo con esta medida era del 72%, en 2024 bajó al 66%. En segundo lugar, si bien los niveles de apoyo se mantienen homogéneos en términos etarios y por nivel educativo, hay diferencias en los segmentos políticos. Los seguidores de La Libertad Avanza apoyan en un 85%, mientras que los inclinados por Juntos por el Cambio lo hacen en un 74%. Los simpatizantes del peronismo se diferencian y rechazan la intervención de las fuerzas armadas en un 57%. Los militares aún polarizan en términos políticos.
Hay más. A pesar de la existencia de un pedido social por mayor seguridad e intervención del Estado en el combate a los delitos, la sociedad argentina dice not yet en otros aspectos. 1 de cada 2 encuestados considera que “debemos preservar nuestras libertades y derechos individuales, aún si esto dificulta el combate al narcotráfico”. Es un valor casi idéntico al registrado el año pasado y una valoración que se mantiene en todas las franjas etarias y niveles educativos, al igual que entre el peronismo y Juntos por el Cambio. Solo encuentra un tibio apoyo entre los simpatizantes de La Libertad Avanza.
Adicionalmente, el rechazo a la libre portación de armas se mantiene fuerte, sólido y estable. En términos interanuales, en este 2024 el 87% de los consultados manifestó estar “nada” y “poco de acuerdo” (en 2023 fue del 86%). Esta resistencia, nuevamente, se repite en todas las edades y niveles educativos, al igual que en los distintos segmentos políticos. Las únicas (menores) diferencias surgen en la variación del rechazo entre quienes se identifican con La Libertad Avanza, un poco más tenue que los otros dos espacios políticos.
En este sentido, aparece un nuevo límite a la ampliación de las medidas relacionadas con el orden público y la seguridad ciudadana. No solo en lo que respecta al respeto de las libertades y los derechos individuales, y a incorporar la pena capital al código penal, sino también a la preferencia de los ciudadanos y ciudadanas por mantener el poder de policía en manos del Estado. Descentralizar o privatizar la seguridad no es, ni cerca, una demanda actual.
Perfiles sociales frente al orden público.
Para ir cerrando, y al igual que en informes anteriores, seleccionamos una serie de variables y construimos una tipología para clasificar distintos perfiles en términos de orden público. La tipificación que armamos asume un continuo de posibles posiciones sobre el rol del Estado en términos de orden público.
En un polo ubicamos aquellas posiciones que consideran que la jerarquización de la ley, el fortalecimiento de las instituciones o los hábitos de comportamiento civil, ayudan a reducir la cantidad de veces en las que debe ser aplicada la coacción física y la fuerza pública. En el otro extremo incorporamos aquellos que consideran que la aplicación de la ley no es suficiente, sino que es necesario aumentar las facultades de las fuerzas de seguridad, incrementar las penas y redefinir los márgenes de acción del Estado en la sociedad. Ese polo hace del establecimiento del orden un tema central a menudo por encima del establecimiento del contrato social original.
De este estudio se desprende que, una mayoría de la sociedad argentina actualmente favorece y prefiere un Estado activo en el establecimiento del orden público y mayores penas para aplacar el delito. Al mismo tiempo, detectamos cierta rediscusión sobre los límites de los derechos civiles y las competencias de las fuerzas de seguridad.
Y para comprender un poco mejor estas posiciones del continuo, resulta ilustrativo desarrollarlas en profundidad. El primer grupo incluye la posición a la izquierda del continuo: son aquellos individuos que priorizan la protección de los derechos civiles sobre la intervención de las fuerzas del orden, en tanto consideran que es posible abordar la inseguridad sin comprometer en gran medida las garantías y libertades individuales (63% de este segmento). Rechazan el aumento del poder para la policía (75%), el aumento de las penas (91%) y el involucramiento de los militares en el combate al narcotráfico (78%). En este sentido, buscan un equilibrio donde se promueva la seguridad ciudadana. Los denominamos garantistas puros.
El segundo grupo engloba a aquellos individuos que buscan cuidar los derechos civiles y las garantías individuales sin descuidar la lucha contra la inseguridad. Consideran que la policía debería tener más poder (53% del grupo) y que el aumento de las penas es necesario para combatir el delito (50%). Adicionalmente, están claramente en contra de la libre portación de armas (97%) y de instaurar la pena de muerte (67%). No obstante, están divididos respecto al accionar de los militares en el combate del narcotráfico (52% vs. 47%). Son los garantistas moderados.
El tercer grupo de esta categorización incluye a aquellos individuos que priorizan una resolución de la seguridad pública sin descuidar el resguardo de sus derechos civiles. Más del 90% considera que la policía debería tener más poder, que el aumento de las penas es necesario para combatir el delito (95%) y avalan el accionar de los militares en el combate del narcotráfico (76%). Sin embargo, el 61% de ellos considera que debemos preservar nuestras libertades y derechos, aún si esto dificulta el combate del narcotráfico y están casi todos en contra de la libre portación de armas (93%). Este es el grupo mayoritario en el resultado del estudio y los llamamos punitivistas moderados.
El cuarto grupo engloba a aquellos individuos que abogan por medidas estrictas para combatir la inseguridad, como el aumento de penas (99% del segmento), el despliegue de militares en tareas de combate al narcotráfico (95%), el fortalecimiento de los poderes policiales (99%) y la defensa de la portación libre de armas (41%). También están dispuestos a aceptar ciertas limitaciones de las libertades y derechos individuales si eso contribuye a combatir el narcotráfico y reducir la inseguridad (81%). Ellos son los punitivistas puros.
De esta manera, y como conclusión general de este segundo informe, existen ciertos límites en el giro que muestra la sociedad argentina en términos de orden público y seguridad ciudadana. Mayor seguridad, sí, pero sin excesos ni abusos. Esto se ve, claramente, en la existencia de un corte claro en cuanto a la posesión de armas por parte de privados. Este punto tiene un alto rechazo en nuestro estudio, lo que indica una preferencia marcada por mantener el monopolio de la fuerza en manos del Estado y una desconfianza hacia la idea de ciudadanos armados. También en lo que respecta a la severidad de las sanciones: la pena de muerte se queda afuera. Esta información parece confirmar la vigencia de un consenso social en torno a la legitimidad de las instituciones públicas para mantener el monopolio de la fuerza pública. La sociedad argentina demanda un Estado presente, con herramientas y capacidad, pero no uno que nos sobrepase a nosotros mismos.
