¿En qué creemos los argentinos? Segundo informe

Este es el segundo informe de Creencias Sociales, un programa del Observatorio Pulsar.UBA. Continuamos el trabajo desarrollado en el primero a partir de una encuesta nacional de 1.000 casos a argentinos y argentinas mayores de 18 años en torno a siete dimensiones de análisis. En esta oportunidad, vamos a hacer foco en tres de ellas: 1) creencias en torno a la libertad y la igualdad, 2) impresiones sobre el orden público, y 3) el rol del Estado en nuestro país. 

El cruce de estas tres dimensiones nos permite llegar a una conclusión interesante sobre nuestras propias creencias como ciudadanos y ciudadanas. Encontramos un conjunto de demandas sociales que abogan por una mayor retracción del Estado en el ámbito económico y una mayor presencia de las fuerzas de seguridad en el orden público, al tiempo que se registra cierta estabilidad en torno a derechos que se han convertido en valores sociales arraigados. 

La sociedad esquiva las etiquetas simples. Hay una combinación de un giro conservador en determinados valores con un arraigamiento de ciertos y específicos principios progresistas. Esto va acompañado de una demanda de mayor Estado en el control del orden público, pero menor en cuestiones económicas. 

En definitiva, un mármol de combinaciones ideológicas que intentamos clasificar en cuatro categorías principales. En aras de la síntesis, aplicamos una técnica denominada “agrupamiento proyectivo de perfiles ideológicos”, la cual nos ayuda a identificar y clasificar a las personas en grupos con creencias políticas y económicas similares. 

Pero para conocer estos perfiles tenés que llegar al final del informe.

Libertad e igualdad: agendas en disputas.

En este punto preguntamos sobre siete cuestiones espinosas. Tres de ellas tienen un consenso importante: la adopción homoparental, la subrogación de vientre y la eutanasia. La primera está legalizada, la segunda no está reglamentada, pero está permitida, y la tercera está prohibida. Acá existe una agenda de derechos sociales que permitirían ampliar las libertades de quienes demandan por la consideración del Estado en estas situaciones. Un Estado que esté presente, cuando se lo necesita.

En lo que respecta a la interrupción voluntaria del embarazo, aparece una mayor disputa en términos de libertades y derechos. La adopción de la ley hace casi tres años no zanjó el debate en torno al tema. Encontramos que la cuestión está fuertemente partidizada entre votantes de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza, de un lado, y del peronismo, del otro. Adicionalmente, en franjas etarias más adultas el nivel de apoyo disminuye considerablemente. Esto abre el interrogante sobre la importancia del Estado en materia de inclusión, defensa y promoción de derechos adquiridos.

Finalmente, en lo que respecta a la ampliación de esta agenda (trabajo sexual legalizado, consumo de marihuana y lenguaje inclusivo) existe importantes reparos a considerarlos como demandas sociales. Son cuestiones planteadas por porciones más metropolitanas de la sociedad, pero sin encontrar el consenso suficiente todavía. Sobre este punto resalta la consideración sobre la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). Como política pública tiene un apoyo mayoritariamente urbano. El resto de los estratos consideran, en cambio, que tienen que ser también las familias las que lo trabajen en casa. Aflora así una demanda por la co-responsabilidad de la educación sexual.

No queremos dejar de mencionar una cuestión central en torno a la discriminación: Argentina no es un país homogéneo. Pensamos que sí, pero no. No existen divisiones religiosas o étnicas profundas que marquen conflictos históricos, pero existen colectivos que no se sienten respetados ni valorados. Las diferencias también son civiles.

Argentina tiene todavía un camino por recorrer. En algunas cuestiones somos puritanos. El debate está abierto.

Lo público y lo privado: ¿hasta dónde debe llegar el Estado?

Acá nos metemos en un tema espinoso. La sociedad argentina ha tenido, en las últimas décadas, visiones encontradas sobre el rol del Estado y del sector privado en la vida pública. Investigaciones precedentes sustentan que las preferencias favorecen al sector público y el rol del Estado en la regulación de la vida económica. En este informe se puede observar el principio de un cambio en las valoraciones de  la sociedad argentina, apoyada en una mayor preferencia por la participación de empresas privadas en la economía. 

Este giro tiene una explicación política. Hay una base sólida, que reúne tanto a los votantes de Juntos por el Cambio como de La Libertad Avanza, que considera necesaria una mayor centralidad del sector privado en la vida pública. Hay una percepción generalizada de que “los privados” tienen que tener mayor presencia en términos organizativos y en la provisión del empleo. Es el mismo segmento electoral que aboga por la reforma del Estado, cómo podrá verse en el tercer informe de Creencias. Esto permite considerar la viabilidad de una reforma que repiense parte de la relación entre el Estado y la sociedad. 

Encontramos, sin embargo, una disputa en torno a esta agenda. Entre quienes se identifican como votantes peronistas, una porción no menor sigue valorando el empleo público como algo necesario. Al mismo tiempo, la privatización de las empresas no tiene que ser igual al realizado en los ‘90: hay un clima favorable a pensar que la extensión del sector privado tiene que tener cierto control del Estado. Un Leviatán con capacidades, no uno que se desprenda de todos los servicios y bienes que provee.

Orden público: ¿status quo o reforma?

Observamos que existe un consenso mayoritario en la sociedad argentina en cuanto a la necesidad de aumentar las penas para luchar contra la inseguridad (77%) y de otorgar más poder a la policía en la lucha contra el delito (73%). Sin embargo, hay divisiones significativas en cuanto a la pérdida de libertades y derechos para combatir el narcotráfico, la participación de los militares en la lucha contra el narcotráfico y la posibilidad de que cualquier persona porte legalmente un arma.

Estos resultados reflejan una preocupación generalizada por la seguridad y el combate al delito, pero también una división en cuanto a los límites que cada uno y una está dispuesto a aceptar en términos de derechos y libertades individuales. Además, se puede notar una reticencia mayoritaria hacia la idea de que cualquier persona pueda portar legalmente un arma. Este punto es uno de los primeros que aparece partidizado. Y será un tema muy en boga en la actual campaña presidencial.

En definitiva, el Leviatán sigue siendo el Leviatán: no hay una demanda generalizada por descentralizar la protección personal. En todo caso, hay que considerar tener uno con más herramientas y recursos para actuar.

Perfiles ideológicos: ¿cómo nos pensamos programáticamente?

Y así llegamos a lo más jugoso. Aplicamos al final de este segundo informe una técnica denominada “agrupamiento proyectivo de perfiles ideológicos”, la cual nos ayuda a identificar y clasificar a las personas en grupos con creencias políticas y económicas similares. Para lograrlo utilizamos variables o características que nos permiten entender las opiniones y posturas de las personas. Tomando en cuenta los posicionamientos de los/as entrevistados en las dimensiones de análisis “Público y privado” y “Libertad e Igualdad”, construimos cuatro perfiles ideológicos desde dos ejes complementarios: económico y  moral. De allí surgen cuatro: 1) privatista, 2) estatista, 3) progresista y 4) conservadores. Así, no nos encontramos con una Argentina bipolar ni con una a tres bandas: somos cuatro segmentos con asimetrías.

Hasta acá llegamos con esta breve presentación a modo de síntesis del segundo informe de Creencias Sociales. Te invitamos a descargarlo y leerlo completo. Compartilo, discutilo y, por qué no, escribinos. Queremos conocer qué te despertó.